El caso "Hernández vs. Mesa" pone en evidencia las complejidades y desafíos que enfrentan los sistemas de justicia en incidentes transfronterizos. El 7 de junio de 2010, Sergio Adrián Hernández Güereca, un adolescente mexicano, murió a manos del agente estadounidense Jesús Mesa Jr. Este incidente ocurrió con el agente en suelo estadounidense y Sergio en territorio mexicano. Lo que hace este caso particularmente complicado es la dificultad para determinar qué derechos y leyes deben aplicarse en situaciones que cruzan las fronteras de dos países.

La controversia surge porque el homicidio de Sergio Hernández fue perpetrado desde territorio estadounidense, mientras que la víctima se encontraba en suelo mexicano. La familia de Hernández buscó justicia bajo las leyes de Estados Unidos, argumentando violaciones de derechos humanos. No obstante, el caso pasó por el Tribunal de Distrito y la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, hasta llegar finalmente a la Corte Suprema de los Estados Unidos. En 2020, este tribunal falló en contra del derecho de la familia para demandar al agente bajo la ley estadounidense, argumentando que el incidente ocurrió fuera de las fronteras del país, lo que impedía la aplicación extraterritorial de la Constitución.

En contraste, en 2022, Leonardo Stanton, un soldado estadounidense estacionado en Fort Bliss, fue extraditado a México por el feminicidio de su pareja, María Riya Pérez López, en Ciudad Juárez, misma ciudad natal de Sergio Hernández. Este caso atrajo atención no solo por la gravedad del crimen, sino también por la rapidez con la que Stanton fue procesado bajo la ley mexicana. La extradición destacó una priorización de los feminicidios sobre otros tipos de homicidios en los acuerdos de cooperación internacional.

En homicidios que no involucran violencia de género, como el de Hernández, las vías legales parecen más limitadas. Esto se debe, en parte, a la falta de tratados de extradición que cubran ciertos tipos de homicidios y al peso de la presión internacional generada por los feminicidios. La priorización de los feminicidios está vinculada a las luchas sociales y políticas en América Latina, particularmente en México, donde los movimientos feministas han visibilizado la violencia de género como una crisis de derechos humanos. Las campañas nacionales e internacionales han impulsado reformas legales y han exigido mayor atención a estos crímenes.

Por ello, en el caso de Leonardo Stanton, la extradición fue posible al clasificarse como un crimen que demanda justicia inmediata. Esto contrasta con casos igualmente trágicos, como el de Hernández, que no han recibido la misma presión internacional y, en consecuencia, no siempre son prioritarios en la colaboración entre países fronterizos.

El caso "Hernández vs. Mesa" evidencia la necesidad de realizar reformas legales y fomentar la cooperación internacional para garantizar la justicia en incidentes transfronterizos. Comparado con la extradición de Leonardo Stanton, revela profundas desigualdades en los sistemas judiciales al manejar homicidios transfronterizos. La falta de un marco legal claro y mecanismos efectivos perpetúa la impunidad y la ausencia de justicia.

La comunidad internacional y los Estados deben trabajar en conjunto para desarrollar acuerdos y políticas que protejan los derechos humanos. Solo mediante un esfuerzo decidido y colaborativo se podrá construir un sistema legal que respete y proteja la integridad de todas las personas, independientemente de su ubicación o nacionalidad.

Referencias